Civiles o guerrilleros: dudas sobre operativo militar que dejó 11 muertos en Colombia | Internacional

Foto cortesía de la Defensoría del Pueblo de habitantes reunión con miembros de la Defensoría del Pueblo en Puerto Leguízamo (Colombia).
Foto cortesía de la Defensoría del Pueblo de habitantes reunión con miembros de la Defensoría del Pueblo en Puerto Leguízamo (Colombia).Defensoría del Pueblo (EFE/Defensoría del Pueblo)

Las distintas versiones de un operativo del Ejército de Colombia que dejó 11 muertos en una localidad fronteriza con Ecuador tienen todas las miradas puestas en organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. La ONU, Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General han pedido una “aclaración” de la operación que el Gobierno de Iván Duque presentado como un logro en seguridadpero sobre el que hay muchas dudas.

A principios de semana, tanto Duque como el ministro de Defensa, Diego Molano, anunciaron que operativos de la Fuerza Pública “neutralizaron a 11 disidentes de las FARC y capturaron a cuatro delincuentes más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”. Sin embargo, rápidamente se alzaron voces de la comunidad, ubicada en el sur del país, y de organizaciones sociales que aseguraron que los muertos eran civiles y denunciaron el hecho como “falso positivo”, como se llama en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares.

La Defensoría del Pueblo se sumó a la alerta, confirmando que entre las 11 personas había varios civiles, entre ellos reconocidos líderes sociales de la comunidad, como el presidente de la junta de acción comunal, Divier Hernández y su esposa, Ana María Sarria; el gobernador del pueblo indígena de El Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, y Brayan Pama, de 16 años. El resto de los nombres no han sido revelados.

“Estuve con mi hijo hasta unos 15 minutos antes de la masacre y me ofreció comida. Era un festival de vereda que duraba varios días para recaudar dinero para las obras y había gente bailando y bebiendo. Me despedí, fui a la finca y cuando llegué escuché las bombas detonantes”, cuenta a EL PAÍS Argemiro Hernández, padre de Divier, horas después del funeral. “Inmediatamente tomé la motora (bote) y regresé por el río pero el Ejército ya nos impidió el paso. Tenían más de 60 personas detenidas en la plaza”, narró.

Su relato coincide con el de otros testigos que hablan de la llegada de militares “vestidos de negro”, de disparos a bocajarro y armas colocadas cerca de los cuerpos, lo que recuerda el fantasma de los falsos positivos, práctica que dejó al menos 6.402 civiles asesinados entre 2008 y 2008 en el país.

El señor Hernández afirma que, luego de casi ocho horas de espera, se rebeló contra los soldados y accedió al lugar donde yacía su hijo. “Alcancé a verlo muerto y lo abracé. Tenía golpes de gracia en la cara. Es un delito que el Gobierno venga a hacerlos pasar por guerrilleros disidentes”, denuncia. Según su relato, un vecino que se salvó arrojándose al río intentó auxiliar a la esposa de Didier, quien también resultó herida por los disparos. “Ella profesaba una religión y llevaba la Biblia en su bolso. Pero en lugar de ella, le pusieron una radio”, dijo.

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Mientras varios de los familiares reclamaban los cuerpos en distintos departamentos del sur del país, el Gobierno respondió a las críticas a través de Twitter. El ministro de Defensa, Diego Molano, difundió videos que muestran a un grupo de hombres armados e insistió: “El operativo no fue contra campesinos, sino contra disidentes de las FARC. No fue contra indígenas inocentes, sino contra narcotraficantes. No fue en un bazar, sino contra delincuentes que atacaron a soldados”, escribió el ministro en respuesta a un tuit del candidato presidencial Gustavo Petro, añadiendo un video en el que habla un soldado herido. “Se incautó un arsenal de guerra a los ‘civiles inocentes’. granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”, difundió.

No es la primera vez que el ministro Molano ha en medio de un escándalo sobre la legitimidad de una operación. En marzo de 2021, cuando apenas llevaba un mes, la denuncia de que el Ejército había bombardeado un campamento de menores de edad guerrilleros disidentes en Guaviare lo obligó a responder ante el Congreso. Él, quien anteriormente había sido director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), justificó la operación. “La discusión aquí no es sobre la legitimidad de nuestras fuerzas de seguridad para realizar estos operativos, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y convirtiéndolos en máquinas de guerra”, dijo en ese momento.

Escándalos de corrupción, espionaje ilegal a periodistas, así como casos de violación de niñas indígenas por militares han marcado al Ejército en la presente administración. También quejas sobre operaciones. Guillermo Botero, primer ministro de Defensa del gobierno de Duque, Renunció a su cargo luego de que el senador Roy Barreras revelara que el ministro y el Ejército ocultaron la muerte de ocho menores en un atentado contra disidentes de las FARC. “El ataque de esta semana fue un ataque indiscriminado que viola las normas del Derecho Internacional Humanitario, pero además se vuelve a informar a los colombianos como si fuera un éxito militar, que en realidad es un falso positivo”, dijo Barreras.

Por estos antecedentes, la Fiscalía acaba de solicitar al ministro Molano que entregue este viernes copia de la “orden de operativos”, el informe sobre el despliegue militar en Putumayo y el detalle de los muertos, heridos y capturados durante el operativo. Y la ONU llamó a las autoridades a “investigar y esclarecer lo sucedido, garantizando los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia”.

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